Las recientes declaraciones de algunos intelectuales de la República Dominicana, quienes plantean considerar la eliminación del voto de los dominicanos residentes en el exterior, alegando su supuesto alto costo y la baja participación electoral, merecen una respuesta firme, respetuosa y sustentada en la realidad.
El voto de la diáspora no puede evaluarse únicamente mediante una operación matemática que divida el gasto electoral entre la cantidad de sufragios emitidos. Los derechos constitucionales no se miden por su rentabilidad ni se eliminan porque su ejercicio represente un costo para el Estado.
Un derecho respaldado por la Constitución y las leyes
La Constitución dominicana, en su artículo 22, numeral 1, reconoce como un derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas “elegir y ser elegibles para los cargos que establece la presente Constitución”. Este derecho no desaparece cuando un dominicano aborda un avión y establece su residencia en otro país. Vivir en Nueva York, Nueva Jersey, Boston, Florida, Puerto Rico, España, Italia o cualquier otra nación no nos hace menos dominicanos.
La propia Constitución, en su artículo 81, numeral 3, establece la elección de siete diputados o diputadas en representación de la comunidad dominicana en el exterior. Por tanto, la participación política de la diáspora no constituye una concesión administrativa ni un favor de las autoridades de turno, sino una forma de representación expresamente reconocida por nuestra Carta Magna.
Además, la Ley núm. 20-23, Orgánica del Régimen Electoral, regula de manera específica el ejercicio de este derecho. Su artículo 110 reconoce el sufragio de los dominicanos residentes en el extranjero, mientras que el artículo 112 establece el Registro de Electores Residentes en el Exterior, cuya administración corresponde a la Junta Central Electoral.
Una diáspora que sostiene la economía nacional
Antes de cuestionar cuánto cuesta organizar el voto en el exterior, debemos preguntarnos cuánto aporta la diáspora a la estabilidad económica y social de la República Dominicana.
De acuerdo con el Banco Central, durante 2025 el país recibió US$11,866.3 millones en remesas. Solamente entre enero y junio de 2026 ingresaron otros US$6,219.3 millones. Esto significa que, en apenas 18 meses, los dominicanos residentes en el exterior enviamos más de US$18,000 millones a nuestra nación.
Estos recursos permiten que millones de familias puedan comprar alimentos, pagar alquileres, adquirir medicamentos, cubrir estudios, construir viviendas y enfrentar situaciones de emergencia. Las remesas también dinamizan el comercio, la construcción, el transporte, el sistema financiero y numerosas actividades productivas.
La diáspora no solamente envía remesas. También compra viviendas y terrenos, paga impuestos y servicios, realiza inversiones, consume productos dominicanos, promueve el turismo y regresa constantemente al país cargada de regalos y recursos para sus familiares.
Cuando la República Dominicana atraviesa una crisis, una tormenta, una pandemia o cualquier otra emergencia, los dominicanos del exterior siempre respondemos. Por eso, resulta injusto que se pretenda presentar nuestro derecho al voto como una carga económica para el país.
El Estado invierte muy poco en nosotros
Mientras la diáspora aporta miles de millones de dólares anualmente, la inversión directa del Estado dominicano en las comunidades del exterior sigue siendo mínima y muy distante de sus necesidades reales.
Los dominicanos que vivimos fuera del país pagamos por numerosos servicios consulares: pasaportes, poderes, legalizaciones, actas y otros documentos. Con frecuencia, debemos viajar largas distancias, perder días de trabajo y esperar períodos considerables para recibir esos servicios.
A pesar de nuestras contribuciones, todavía son insuficientes los programas permanentes de asistencia legal, orientación migratoria, educación, salud preventiva, protección social, cultura, juventud y apoyo a los envejecientes dominicanos residentes en el extranjero.
Organizar elecciones cada cuatro años no puede presentarse como una gran inversión estatal en la diáspora. Es, simplemente, el cumplimiento de una responsabilidad constitucional y legal de la Junta Central Electoral.
Si la participación ha disminuido, la respuesta no debe ser eliminar el derecho, sino investigar las causas y mejorar las condiciones para ejercerlo. Muchos ciudadanos enfrentan centros de votación alejados, información insuficiente, dificultades para empadronarse y limitaciones de transporte. El Estado debe acercar las urnas a la ciudadanía, fortalecer la orientación electoral y facilitar la actualización de documentos.
El costo no puede estar por encima de los derechos
En las elecciones de 2024 estaban inscritos 863,785 dominicanos en el exterior. Si esa población fuera considerada una provincia, sería la segunda demarcación electoral más grande del país, solamente superada por la provincia Santo Domingo. Estados Unidos concentraba 613,340 electores.
¿Puede calificarse como “menos importante” a una comunidad electoral de esa magnitud?
El costo de organizar las elecciones en el exterior debe transparentarse y administrarse correctamente. Estamos de acuerdo con exigir eficiencia, austeridad y rendición de cuentas. Sin embargo, una cosa es reducir gastos innecesarios y otra muy distinta es eliminar un derecho fundamental.
Si existen viajes injustificados, gastos excesivos o una estructura administrativa ineficiente, lo correcto es corregir esas prácticas. No se puede responsabilizar a la diáspora por las decisiones administrativas de las instituciones públicas.
Tampoco resulta razonable proponer que quienes quieran votar tengan que viajar a la República Dominicana. Un pasaje aéreo puede costar cientos o miles de dólares. Esa alternativa convertiría el sufragio en un privilegio reservado para quienes tengan los recursos económicos y el tiempo necesarios para trasladarse al país.
Las remesas no compran nuestros derechos
Es importante aclarar que los dominicanos del exterior no reclamamos el voto como recompensa por enviar remesas. Los derechos ciudadanos no se compran ni dependen de la cantidad de dinero que una persona aporte.
Mencionamos nuestras contribuciones porque resulta contradictorio presentar a la diáspora como una carga costosa cuando, en realidad, representa uno de los principales soportes económicos y sociales de la nación.
No queremos privilegios. Exigimos respeto, representación y las mismas garantías democráticas reconocidas a todos los ciudadanos dominicanos.
La discusión correcta no debe ser cómo eliminar el voto exterior, sino cómo fortalecerlo, hacerlo más accesible y aumentar la participación. Debemos debatir sobre la habilitación de más centros electorales, un mejor proceso de empadronamiento, campañas educativas, facilidades para obtener la cédula y mecanismos modernos que garanticen seguridad, transparencia y confianza.
Una conquista que debemos defender
El voto en el exterior fue el resultado de años de lucha de la comunidad dominicana. No fue una concesión gratuita ni un favor de ningún gobierno. Representa el reconocimiento de que la nación dominicana trasciende sus fronteras geográficas.
Eliminarlo significaría retroceder décadas y excluir políticamente a cientos de miles de ciudadanos que siguen vinculados sentimental, familiar, económica y culturalmente con su país.
Respetamos el derecho de toda persona a expresar sus opiniones, pero discrepamos profundamente de cualquier propuesta orientada a eliminar esta conquista. La democracia tiene un costo, dentro y fuera del territorio nacional, y ese costo nunca será superior al valor de garantizar los derechos fundamentales.
La diáspora dominicana no es una carga. Es una parte esencial de la nación.
Por eso, nuestra posición debe ser clara y contundente:
El voto del dominicano en el exterior no se elimina. Se respeta, se protege y se fortalece.
