MADRID. - Seis días después del choque ferroviario de Urda (Toledo), que dejó 69 fallecidos y más de 200 heridos, el Consejo de Ministros aprobó este martes un Real Decreto-ley de medidas urgentes para las víctimas y sus familias, con una dotación de 30 millones de euros pensada para que los afectados cobren cuanto antes, sin esperar a que se resuelvan los trámites ordinarios de los seguros.
El dinero se divide en dos mitades: 15 millones en ayudas directas y otros 15 millones para adelantar parte de las indemnizaciones del seguro de responsabilidad civil. Por cada persona fallecida, el Gobierno abonará una ayuda directa de algo más de 72.121 euros y la misma cantidad como anticipo, es decir, más de 144.000 euros en total; para los heridos, las cuantías van desde algo más de 2.404 euros en los casos leves hasta más de 84.141 euros en las lesiones más graves. Las ayudas serán compatibles con las indemnizaciones de los seguros, estarán exentas de tributación y se pagarán en un único abono. El esquema sigue el modelo aplicado tras el accidente de Adamuz (Córdoba).
El ministro de Transportes, Óscar Puente, presentó además un paquete de refuerzo de la seguridad ferroviaria: doble validación humana de las decisiones cuando se bloquee la señalización y se reanude la marcha, un estudio para que los portaequipajes sean cerrados como en los aviones, la adecuación de los descansos de los controladores a los picos de tráfico y la finalización del despliegue del sistema ERTMS-2 en la línea Madrid-Sevilla.
El decreto incluye también un límite a los precios de los aviones y demás transportes alternativos entre Andalucía y Madrid mientras permanezca cortada la línea de alta velocidad, después de que se detectaran tarifas multiplicadas por ocho y por nueve. Puente comparece este mismo martes ante el Congreso para explicar la actuación de su departamento, mientras la investigación sobre las causas del choque sigue abierta.
