El Tribunal Supremo de Estados Unidos se negó este martes a restablecer la facultad de los jueces de inmigración para suspender temporalmente algunos procedimientos de deportación, una práctica conocida como «cierre administrativo» que se había recuperado durante el Gobierno de Joe Biden.
Con una breve orden sin firmar y sin explicación —como suele ocurrir con las peticiones de emergencia—, los magistrados rechazaron la solicitud presentada por tres ciudades, entre ellas Baltimore, Columbus y New Haven, junto a una organización de defensa legal de inmigrantes, que pedían suspender el acuerdo entre el Gobierno de Donald Trump y el estado de Texas que prohíbe esa práctica mientras continúa el litigio. Ningún magistrado expresó públicamente su desacuerdo.
Durante décadas, los jueces de inmigración recurrieron al cierre administrativo para descongestionar sus agendas, sobre todo cuando la misma persona tenía otro proceso pendiente —una solicitud de visado o la apelación de una condena— que podía evitar su deportación. Texas y la Administración Trump argumentan que la práctica permitía que inmigrantes sin estatus legal permanecieran indefinidamente en el país.
Fuentes: EFE y El País (EE. UU.), 27 de octubre de 2026.
